Hidrovía: la Justicia rechazó la cautelar de una empresa y continúa el proceso de licitación

LOS DETALLES. El plazo para la apertura de ofertas es el próximo 12 de febrero. La belga Dredging International había pedido que se suspenda.

La Justicia rechazó este miércoles una solicitud de medida cautelar que había pedido la empresa belga Dredging International (DEME) para suspender la licitación para la concesión del dragado y balizamiento de la Hidrovía Paraná-Paraguay, cuyo plazo para la apertura de ofertas es el próximo 12 de febrero. La desición fue tomada por el Juzgado de Feria de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal, a cargo de Enrique Lavié Pico.

De esta manera, el Gobierno sigue adelante con sus planes para volver a la privatización del funcionamiento de la vía fluvial más importante de la región, por donde transita el 80% de las exportaciones de granos del país y también de Paraguay.

Según quedó establecido en los pliegos, el ganador de la licitación podría obtener una facturación estimada en US$ 410 millones por año durante 30 años, prorrogables por otros 30 más, a partir del cobro de peaje a los usuarios de la Vía Navegable Troncal, que son principalmente las grandes cerealeras (agroindustria).

Los principales competidores acusan al Gobierno de haber favorecido a la empresa belga Jan de Nul, que tuvo la concesión de la Hidrovía durante 30 años, hasta que en 2021 volvió al Estado nacional. "Cabe señalar que no surge, en esta etapa procesal, en forma palmaria o manifiesta la arbitrariedad o ilegalidad del accionar administrativo", argumentó el juez Pico, y agregó que el Gobierno podría tratar las impugnaciones en las próximas cuatro semanas, hasta que termine la licitación.

DEME apeló este fallo y al igual que otras empresas buscará cancelar la licitación para cambiar los pliegos. Además de las belgas Jan de Nul y DEME, también compiten por este negocio las empresas neerlandesas Boskalis, Van Oord y Rhode Nielsen, mientras que la china CCCC Shanghai Dredging quedó afuera porque el proceso no admite a compañías que estén bajo control de los estados soberanos.

Además, los privados solicitaron que se aumentara el peso de la oferta económica para que haya más competencia por tarifas -porque consideran que no la hay, dado que se le otorga mayor validez a la oferta técnica- y que se asegure un dragado a 40 pies, imprescindible para poder cargar con mayor volumen los barcos.

Desde el gobierno apuntan contra Mauricio Macri y su ex ministro de Transporte Guillermo Dietrich por una supuesta intención de querer influir en la licitación a favor de Boskalis, mientras que desde el macrismo se quejan de la lentitud del Gobierno en la reprivatización y modernización de esta vía navegable.