PAMI Organizaciones y profesionales de la salud impulsaron un recurso de amparo contra el gobierno nacional en defensa del acceso a medicamentos gratuitos para jubilados. El Dr. Oscar Atienza explicó a Canal 5TV los alcances de la medida.
La decisión del gobierno nacional de modificar el programa de medicamentos gratuitos de PAMI generó un fuerte rechazo en distintos sectores sociales, especialmente entre las organizaciones defensoras de los derechos de los jubilados y pensionados. En este contexto, la Mesa Permanente en Defensa de la Salud como Derecho, junto a otras instituciones, presentó un recurso de amparo solicitando que la justicia anule la medida por considerar que afecta directamente a las personas más vulnerables.
El doctor Oscar Atienza, médico y uno de los impulsores del recurso, destacó a Canal 5TV que la medida podría tener consecuencias graves para los jubilados. “Entendemos que si se tienen que hacer recortes, no deben ser en el sector de las personas más vulnerables, como son los jubilados. Muchos de ellos no podrán costear los medicamentos que necesitan, lo que pone en riesgo su salud", explicó.
El comunicado emitido por la Mesa Permanente en Defensa de la Salud como Derecho subrayó que la resolución de PAMI representa un retroceso en el acceso a derechos fundamentales. "Adherimos a la medida cautelar de no innovar presentada por la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos de Córdoba y otras instituciones. Este recorte en el acceso a medicamentos gratuitos es inaceptable y vulnera los derechos de miles de jubilados", señala el documento.
Atienza enfatizó que el amparo presentado no busca evitar ajustes presupuestarios, sino que pide que no se realicen en sectores tan sensibles. "Estamos trabajando en explicar a la justicia y al gobierno las consecuencias de esta decisión. Los jubilados dependen de estos medicamentos, y muchos no podrán acceder a ellos si tienen que pagarlos por su cuenta", indicó.
El recurso de amparo no solo solicita la anulación de la medida, sino que también busca abrir un espacio de diálogo con las autoridades para encontrar soluciones más equitativas. "Queremos que otros sectores se sumen a este pedido y que el gobierno reflexione sobre el impacto de esta resolución. La salud debe ser un derecho garantizado, no una carga para quienes ya enfrentan dificultades económicas", concluyó Atienza.
